¿PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS EN URUGUAY?
En medio del auge del extractivismo y el aumento de las exportaciones primarias en la región, el gobierno de José Mujica decidió jugarse por el puerto de aguas profundas en la costa oceánica, dedicó esfuerzos y recursos sin precedentes para ponerlo en marcha, pero una suma de valoraciones erróneas, irresponsabilidad técnica y manipulación política lo hizo fracasar, aunque se pretende salvarlo con un cambio del escenario institucional.
Por Víctor L. Bacchetta
De tan antigua, la idea de construir un puerto de aguas profundas (PAP) en la costa oceánica del Uruguay ha llegado a ser adjudicada al prócer José Artigas. Fundamentado como una obra crucial para el desarrollo nacional, el PAP viene siendo reflotado en los últimos 15 años por los sucesivos gobiernos, con el apoyo de algunos inversionistas extranjeros en busca de un gran negocio y de entidades financieras promotoras de la inserción de la región en la económica global.
Diseñada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) es el programa subcontinental de construcción de megacarreteras, represas, gasoductos e hidrovías aprobado por la unanimidad de los presidentes reunidos en Brasilia en el año 2000. Luego de la creación de la UNASUR en 2008, continuó bajo la órbita del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN).
La estrategia de IIRSA es la adaptación de nuestra región al papel de abastecedora de materias primas asignado por los países industrializados líderes de la economía mundial. Junto al auge de las inversiones en proyectos extractivos primarios, busca agilizar la salida de los recursos hacia esos mercados. Uruguay se sitúa en uno de los corredores bioceánicos diseñados por IIRSA que une Valparaíso, en Chile, con Rio de Janeiro, en Brasil, pasando por Montevideo, Porto Alegre y San Pablo.
Mapa de IIRSA.
En los diseños iniciales de IIRSA no figuraban rutas principales ni un puerto en la costa oceánica uruguaya, pero políticos e inversores se han aventurado en el intento de viabilizar un puerto de gran calado en esa zona con la esperanza de concentrar el flujo comercial de la región. Hoy significaría desplazar a los mayores puertos vecinos en Buenos Aires y Rio Grande del Sur por lo cual, obviamente, no es posible concretarlo sin un acuerdo con Argentina o Brasil.
Para legitimar esa posibilidad, los gobiernos uruguayos han ido incorporado formalmente el puerto de aguas profundas a la estrategia de desarrollo del país y lo defienden como una afirmación de la soberanía nacional. Que Uruguay se convertiría por esta vía en un «polo logístico regional» o la “puerta de entrada a Sudamérica» son expresiones incorporadas a los documentos oficiales del país que han sido avaladas por todos los partidos con representación parlamentaria.
Una nueva cruzada
En los últimos años, el auge del extractivismo y el incremento de las exportaciones de materias primas de Uruguay y la región reactivaron el proyecto del PAP. Hubo intentos de viabilizarlo por el puerto de La Paloma, pero dificultades técnicas y la resistencia local los disuadieron. En 2011, los proyectos se habían mudado más al este a la playa de La Angostura, entre los balnearios de La Esmeralda y Punta del Diablo, donde rivalizaban dos emprendimientos extranjeros.
El Proyecto Aurora.
Uno era el Proyecto Valentines de Aratirí, la filial de Zamin Ferrous, con su combinación de mina, mineroducto y puerto, y el otro era el Proyecto Aurora, de la Compañía Oriental de Desarrollo e Inversiones (CODIN), representante de un grupo inversor hispano-israelí. La rivalidad era antes que nada física porque el terreno que cedería el Ministerio de Defensa para la terminal portuaria de Aratirí era lindero con el predio privado donde se asentaba el puerto de CODIN.
El gobierno del presidente Mujica abrazó el desafío del PAP y, en noviembre de 2011, creó una Comisión Interministerial (CIPAP) con el objetivo explícito de concretarlo. La hipótesis de partida de la comisión fue la siguiente: “Uruguay ha definido que la realización de un puerto de aguas profundas, por tantas décadas anhelada, es estratégica, viable y necesaria, por lo tanto, a los efectos de este análisis, se considera que es una certeza que habrá un puerto”(sic).
En mayo de 2012, la CIPAP presentó las conclusiones, inmediatamente aceptadas por el Poder Ejecutivo, estableciendo que habría “un solo PAP multimodal en la costa de Rocha, situado entre El Palenque y Puerta del Sol”. La localización en El Palenque significaba que se descartaban las dos propuestas antes referidas situadas en La Angostura, pero el informe de la CIPAP adjudicó explícitamente al proyecto de Aratirí “un lugar protagónico en el proyecto del PAP”.
Informes de la CIPAP.
La CIPAP ignoró sus propios informes técnicos que calificaban como altamente desfavorables los impactos sobre el medio ambiente, el turismo y la calidad de vida en la zona y que señalaban la necesidad de estudios físicos reales para tomar una decisión de esa envergadura. Sin tener en cuenta estos impactos, inclusive contando con el hierro de Aratirí, las estimaciones de la CIPAP sobre el potencial de cargas del puerto tampoco eran creíbles para validar el proyecto.
Sin ponerlo en duda, el gobierno adoptó un ritmo febril para obtener la habilitación del puerto en el Parlamento, votada por todos los partidos, decretó expropiaciones en la zona invocando causales de utilidad pública y ocupación urgente, convocó a un Data Room con las empresas interesadas y encomendó una nueva batería de estudios ambientales, de ingeniería, económicos y legales con el objetivo de firmar un contrato de usuario del PAP con Aratirí en noviembre de 2012.
Contra viento y marea
“La demanda es, o debe ser, el motor de desarrollo de infraestructuras portuarias”, dice el experto Rafael Escutia. El factor determinante de un proyecto portuario son las cargas a ser transportadas a través del mismo. Pues bien, las estimaciones de la CIPAP sobre este indicador clave sufrieron sorprendentes alteraciones entre 2012 y 2014 inclusive hasta acabar en un triste final, pues la conclusión a la que se llegó había sido señalada desde el inicio por diversos actores.
La primera estimación oficial sobre la demanda posible de PAP se conoció en mayo de 2012, en uno de los estudios encomendados por la Comisión Interministerial, bajo el eje temático Logística y los subtemas Conectividad Vial y Conectividad Ferroviaria. Según la tabla elaborada entonces, los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) calcularon que habría una demanda de carga anual de 50,4 millones de toneladas de hierro, granos y celulosa.
El hierro provendría de tres países, 16 millones de toneladas del proyecto Aratirí en Uruguay, 17 millones de toneladas de Brasil y 3 millones de toneladas de Bolivia. Los granos serían unos 1,4 millones de toneladas provenientes de Uruguay y 20 millones de toneladas desde Argentina. La celulosa eran 3 millones de toneladas producidas en Uruguay y se agregaban 2,7 millones de metros cúbicos del petróleo descargados hoy por la boya en frente a José Ignacio.
Ya entonces, desde distintos lugares se sostuvo que esas cifras eran meras especulaciones, pero estas opiniones fueron descartadas, atribuyéndolas a intereses de la oposición. En diciembre de 2013, otro estudio del MTOP elevó la apuesta y calculó la demanda factible de corto plazo, para 2015, en 52,4 millones de toneladas, solo de hierro y granos. Y la demanda factible a mediano plazo en 2025 de los mismos productos fue estimada en 87,5 millones de toneladas.
Sin embargo, en junio de 2014, un informe titulado Inserción Regional elaborado por la consultora brasileña PLANAVE S.A., contratada para analizar los flujos de carga del PAP y su impacto en los puertos de Brasil, advirtió que en los estudios había “una serie de incertidumbres” y recomendó “cautela y la necesidad de evaluaciones complementarias para confirmar la viabilidad real del PAP, considerando incluso los estudios de ingeniería en proceso de contratación”.
Para PLANAVE, los flujos de carga eran menores de los previstos hasta entonces, las inversiones necesarias estimadas y los costos operativos del PAP eran muy altos, el diferencial del flete por el uso del PAP era insuficiente para atraer la carga de granos, no se sabía si los granos argentinos pasarían por el PAP, los granos brasileños seguirían utilizando los puertos actuales y era incierta la comercialización del hierro de Aratirí por la caída de los precios internacionales.
No obstante, el MTOP insistió y dijo: “Existe una demanda potencial, primordialmente de cargas regionales, que viabiliza el desarrollo del PAP” (Estudio de Factibilidad, diciembre de 2014, con base supuestamente en los informes recibidos). Aunque bajó sus cifras, el MTOP aseguró que el puerto podría captar a mediano plazo unos 40 millones de toneladas anuales de hierro y granos. Desde el ángulo de “la sociedad en su conjunto … el proyecto es rentable”, concluyó.
A esa altura, el proyecto del PAP “hacía agua” por varios lados.
Un “entierro de lujo”
Pramod Agarwal.
En agosto de 2014, en otra de sus visitas relámpago, el dueño de Aratirí le planteó al presidente Mujica volver a su proyecto de terminal portuaria en la playa de La Angostura. Era la manera de quedar liberado de compromisos con el PAP en El Palenque, ante la inviabilidad económica del proyecto minero. Aunque a Pramod Agarwal le rechazaron la idea, los llamados a interesados en la obra y en la operación del puerto, anunciados para octubre, no se llevaron a cabo.
En diciembre, un estudio contratado por el gobierno a la empresa catalana Port Insight Consulting, firmado por su director Rafael Escutia, luego de analizar todos los documentos elaborados en el marco del proyecto, desestimó la posibilidad de concretarlo. Coincidiendo con PLANAVE, Escutia sostuvo que los estudios de mercado no eran concluyentes, que se identificaba la demanda potencial del proyecto pero no claros beneficios en la utilización del PAP.
Según este informe, no se cuenta con una demanda concreta e inmediata de servicios portuarios, se desconoce cuál será el cliente o los clientes iniciales del puerto en sus primeros años, no se puede diseñar un proyecto de servicios portuarios si se desconoce el tipo de mercancía y sus requerimientos en cuanto al tamaño de los barcos, los medios de manipulación, necesidades de depósitos, etc., ni es posible realizar una evaluación financiera sobre su viabilidad.
Fue en este contexto que el presidente Mujica, sorprendiendo a unos cuantos, anunció en la 47a. Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Paraná, Argentina, el 17 de diciembre, su intención de construir un «puerto de aguas profundas propiedad de los gobiernos del Mercosur» con «soberanía de los gobiernos» para que «sirva de punto de apoyo a todos los países de la región»(sic). Fue la manera más elegante de dar por cerrado el proyecto uruguayo.
Mientras tanto, se había promulgado una ley y varios decretos que cambiaban la vida de muchas personas y se gastaron ingentes recursos públicos, sin atender sucesivos consejos y advertencias técnicas. Oficialmente, solo en estudios encargados se gastaron 700.000 dólares estadounidenses. Si le agregamos las horas de trabajo de los funcionarios y el volumen de materiales utilizados, sobre todo en elementos de propaganda, se debe haber pasado fácilmente el millón de dólares.
Pedro Buonomo.
“En la hipótesis inicial, (el PAP) era un proyecto de Uruguay en el cual participaban los demás países, un fideicomiso, en el que el fideicomitente sería el Ministerio de Transporte y Obras Públicas”, declaró en enero de este año Pedro Buonomo, asesor de Mujica y responsable de la ejecución del PAP. Tarde demás, el presidente de la CIPAP se avino a reconocer que la idea original tendría que ser reestudiada en un nuevo contexto político e institucional.
ALEGAN CONFIDENCIALIDAD PARA OCULTAR INFORMACIÓN DE LA CIPAP
La Corporación Nacional para el Desarrollo negó una solicitud de información sobre los gastos de consultorías y viajes realizados por la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas. Por encima de la ley, y de intimaciones judiciales inclusive, sectores de la administración pública pretenden seguir manteniendo en secreto actuaciones de funcionarios y autoridades.
Víctor L. Bacchetta
En marzo último, iniciamos una solicitud de acceso a información sobre los gastos de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP), en particular los realizados por estudios encargados a técnicos y firmas consultoras, así como por viajes al extranjero de sus integrantes, en el período comprendido entre el 15 de noviembre de 2012 y el 28 de febrero de 2015.
El motivo de la solicitud es determinar hasta qué punto estuvieron justificados esos gastos en el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada la CIPAP. Oficialmente, se le asignaron 700.000 dólares solo para los estudios que pretendía realizar pero, si se agregan otros gastos en las actividades de la Comisión, se debe haber pasado fácilmente del millón de dólares.
Es un derecho básico de los ciudadanos conocer el uso de los dineros públicos, estén bien o mal utilizados. Y para poder realizar una valoración fundada al respecto, es necesario acceder a los registros de esas actividades en los organismos correspondientes del estado. La Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública se dirige justamente a salvaguardar este derecho.
Coordinados por el asesor presidencial Pedro Buonomo, integraron la CIPAP los vice ministros Pablo Genta, Raquel Lejtreger, Luis Porto, Edgardo Ortuño y Jorge Menéndez, de las carteras de Transporte y Obras Públicas, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería y Defensa Nacional, respectivamente.
Por las atribuciones de la comisión, las actividades se registraron en Presidencia de la República, Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Presentamos la solicitud en los tres organismos, la Presidencia entregó la información, pero la CND respondió que no puede porque existe una cláusula de confidencialidad.
La CND alega que, a los efectos de dar cumplimiento al decreto del 14 de junio de 2012, que prorrogó las funciones de la CIPAP, tiene un convenio firmado con el Ministerio de Transporte y Obras públicas que establece la confidencialidad de toda la información a la que la CND tenga acceso para el cumplimiento del mismo, así como la que las partes intercambien para concretar el fin de dicho convenio.
El Decreto 232/2010 que reglamentó la aplicación de la ley 18.381 establece que “la información podrá clasificarse como reservada, siempre que en la resolución de la autoridad responsable, debidamente fundada y motivada, se demuestre la existencia de elementos objetivos que permitan determinar la expectativa razonable de un daño al interés público protegido”(sic).
La notificación de la CND no contiene ninguna justificación, solo invoca la existencia del referido convenio. De esta manera es una arbitrariedad porque la administración no puede ser juez y parte en el ocultamiento de una información al público. La negativa de la CND es más inexplicable aún dado que la Presidencia respondió positivamente al mismo pedido de información.
Una situación semejante es protagonizada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. El MIEM se niega a entregar a la Justicia una información del expediente de la minera Aratirí existente en la Dirección de Minería y Geología (Dinamige), invocando una declaración de confidencialidad realizada por la misma Dinamige, que se limitó a aceptar el pedido de la empresa en ese mismo sentido.
CUMPLEN FALLO JUDICIAL SOBRE INFORMACIÓN DE LA CIPAP
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) cumplieron finalmente la orden judicial por la cual debían entregar la información sobre los gastos realizados por la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP) con la contratación de consultorías, así como con viajes y viáticos de sus integrantes.
Víctor L. Bacchetta
En marzo de 2015, en representación de Uruguay Libre de Megaminería, solicitamos acceso a las informaciones sobre los gastos realizados por la CIPAP. Esta comisión fue constituida por el expresidente José Mujica, el 15 de noviembre de 2012, y disuelta por el actual presidente Tabaré Vázquez, el 28 de febrero de 2015, sin haber concretado los fines de su creación.
El motivo de nuestra solicitud fue conocer hasta qué punto estuvieron justificados los gastos de la CIPAP. Inicialmente, se anunció que la comisión dispondría de 700.000 dólares estadounidenses para los estudios a realizar. A esta altura, y como un resultado del pedido de acceso, sabemos que los recursos de la CIPAP ascendieron como mínimo a dos millones de dólares.
Presentamos la solicitud ante la Presidencia de la República, el MTOP y la CND. La Presidencia entregó la información en su poder dentro del plazo fijado por la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381), pero la CND se negó a hacerlo alegando que un convenio firmado con el MTOP disponía que la información que estábamos requiriendo era confidencial.
La respuesta de la CND no contenía ninguna justificación de la declaración de confidencialidad adoptada por ese convenio como exige la ley 18.381 para ser aceptada. Por esta razón, con la ayuda del Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo) a través del abogado Martín Prats, iniciamos una acción judicial para que se nos entregara esa información.
El 21 de diciembre pasado, en el Juzgado Civil de 2do. Turno, a cargo del juez Alejandro Martínez de las Heras, tuvo lugar la audiencia judicial donde el MTOP y la CND debían explicar su posición. La ausencia de fundamentos válidos hizo que el juez dictara, al día siguiente, un fallo fijando un plazo de 15 días para que los organismos demandados entregaran la información.
A comienzos de enero, el MTOP anunció que apelaría la decisión judicial, con lo cual el proceso se prolongaría mucho más. Pero en los primeros días de febrero, al levantarse la feria judicial mayor, el MTOP comunicó que había desistido de la apelación y que junto con la CND entregaría toda la información solicitada. Así se cumplió efectivamente el pasado 15 de febrero.
Saludamos este desenlace por constituir una reafirmación del principio de transparencia con que deben regirse los organismos públicos y del derecho de las personas a acceder a la información relevante de su interés presente en el estado. Estudiaremos ahora la documentación entregada y divulgaremos aquellos aspectos que puedan ser de utilidad para los ciudadanos.
Paralelamente, nuestra solicitud para acceder al expediente de Aratirí en la Dirección de Minería y Geología (Dinamige) ha seguido un largo proceso judicial. La negativa del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) a entregar información clave del proyecto alegando el secreto comercial de la empresa será resuelta ahora por un tribunal constituido por tres jueces.