EL PROYECTO ARATIRÍ EN EL CONGELADOR
Mientras el Parlamento uruguayo votaba una nueva prórroga para la negociación del contrato con Aratirí, la empresa propuso dedicarse a un proyecto de menor escala que, en realidad, es una manera de eludir los compromisos de la Ley 19.126 y retener los títulos mineros preparándose para una espera de largo plazo sin actividad.
por Víctor L. Bacchetta
Desde que el Proyecto Valentines de la empresa Aratirí fue incluido dentro de la Ley de Minería de Gran Porte (N° 19.126), el gobierno y la minera tenían un año y 90 días para negociar el contrato de concesión de la explotación. El 28 de febrero se vencía ese plazo y la firma de ese contrato ya estaba en tela de juicio en la medida que, más allá de otras consideraciones sobre la propuesta de Aratirí, la caída de los precios del hierro han hecho económicamente inviable el proyecto.
La solución encontrada por el gobierno fue enviar al Parlamento un proyecto de ley modificatorio de la Ley 19.126 que extendió por un año más el plazo de negociación del contrato con Aratirí. Si la Ley 19.126 ya tenía acciones de inconstitucionalidad por haber sido adoptada para favorecer a un proyecto y una empresa particular, la ley de prórroga del plazo motivada exclusivamente por esta negociación reiteraba, con mayor fuerza aún, la acción de legislar con nombre y apellido.
Pramod Agarwal, presidente de Zamin Ferrous, con sede en la isla de Jersey, un paraíso fiscal del Reino Unido.
No obstante, en forma paralela al trámite legislativo en donde la mayoría oficialista aseguró la prórroga del plazo, el dueño de Aratirí y cabeza visible de la empresa internacional Zamin Ferrous, Pramod Agarwal, viajó a Uruguay y le anunció al presidente de la República su intención de explotar un proyecto más pequeño. De 18 millones de toneladas anuales de hierro propuestas en el Proyecto Valentines, Aratirí ahora pasaría a una producción 10 veces menor.
El presidente Mujica salió apresuradamente a elogiar la propuesta de Agarwal sin destacar el hecho de que, al no ser considerada «minería de gran porte», Aratirí se libera de los compromisos de la Ley 19.126 en materia de firma del contrato, plazos y garantías económicas, y no está obligada a devolver los títulos mineros. Cuando las condiciones del mercado no son favorables, las mineras detienen la actividad y se preparan para esperar largos años, reteniendo los títulos con un mínimo gasto, hasta que mejore la situación.
Por encima de la voluntad y el entusiasmo del gobierno uruguayo con el proyecto minero, otras decisiones paralelas de Aratirí evidencian el congelamiento de sus actividades en el país. En efecto, en los últimos días de febrero, dueños de los campos localizados en el distrito minero denunciaron que hace más de un año que Aratirí no cumple con los pagos de servidumbres y el canon de superficie. Más recientemente, la minera comunicó que pagará los despidos al personal contratado.
Esto no significa que Aratirí se vaya del país ni que se cancelen proyectos similares, con pedimentos de minería sobre más de tres millones de hectáreas del Uruguay, que pueden especular durante años con esos negocios. Pero entonces, un país que no posee riquezas minerales metálicas significativas, con un ecosistema privilegiado de tierras y aguas, debe buscar soluciones definitivas para escapar de esta actividad depredadora sujeta a los vaivenes del mercado mundial de los metales.
Reproducimos a continuación un comunicado del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería que analiza estos hechos y sus perspectivas.
NUEVOS PRIVILEGIOS CONCEDIDOS A ARATIRÍ
Una ley para prorrogar por un año la negociación del contrato con la minera Aratirí y la propuesta simultánea de su dueño Pramod Agarwal de un proyecto también a cielo abierto pero diez veces menor, son maniobras que conducen a un mismo fin, la entrega del territorio uruguayo a un proyecto de saqueo y destrucción de nuestras riquezas naturales al servicio de la especulación financiera internacional.
Para justificar la prórroga del plazo, el presidente Mujica alegó que era la manera de evitar un litigio con Aratirí.
Luego de sostener que la modificación de la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126) era una iniciativa de carácter general, el oficialismo pasó a defender la prórroga del plazo de negociación alegando que es necesaria para evitar un juicio de Aratirí. A menos que existan documentos firmados por el Poder Ejecutivo que no se han dado a conocer a la población, esta argumentación carece de fundamento legal.
Los títulos mineros y la actividad realizada por Aratirí hasta el presente no generan ninguna obligación económica al gobierno uruguayo. Los gastos de la minera son la inversión de riesgo que realiza cualquier empresa para viabilizar un proyecto y el estado no está obligado en ningún caso a resarcirlos. En cuanto al valor de la información geológica que pueda haber generado la minera en esa fase, la ley 19.126 previó específicamente un procedimiento para aplicar en este caso.
El artículo 37 de esta ley establece que, de no otorgarse la concesión o no llegarse a un acuerdo en el contrato, “el Estado uruguayo tendrá preferencia de compra de los datos contenidos en el proyecto”. Que tenga preferencia el estado quiere decir que puede hacerlo o no y, además, la ley fija un plazo de 180 días para que el Estado tome esta decisión, razón por la cual no es necesaria ninguna ley para habilitar una prórroga especial con este fin.
Dado que no existen evidencias ni razones formales que otorguen derechos a Aratirí para hacer un juicio contra el Estado uruguayo, la prórroga votada por el Parlamento es un nuevo privilegio que habilita a la minera a seguir un año más especulando con su negocio. Pero no es solo esto, anticipándose a que en ese lapso no le convenga firmar el contrato, el dueño de Aratirí, Pramod Agarwal, propuso paralelamente un proyecto diez veces menor para eludir esta misma ley.
El artículo 38 de la ley 19.126 establece que en caso de no firmarse el contrato, los títulos mineros del proyecto deben pasar al Registro de Vacancias para ser utilizados por cualquier privado que los solicite o por el propio estado. La propuesta de Aratirí es entonces una simple maniobra para no entregar los títulos del proyecto en gran escala el vencerse el plazo y conservar el valor de sus acciones cuando la empresa madre, Zamin Ferrous, enfrenta juicios por incumplimientos en Brasil y en el Reino Unido.
Los campos con títulos de prospección y exploración pueden quedar hasta 12 años como rehenes de una minera.
Si un proyecto a cielo abierto en gran escala no es rentable por los precios actuales del hierro, mucho menos lo puede ser otro diez veces menor. Es entonces una propuesta económicamente inviable en el presente, que conlleva el peligro de mantener como rehenes a esas tierras y sus productores por muchos años más. En efecto, por la reforma del Código de Minería votada en 2011, una minera no calificada como “de gran porte” puede conservar los títulos de prospección y exploración hasta 12 años.
Aratirí busca liberarse así de la firma del contrato y la presentación de las garantías económicas requeridas por la Ley de Minería de Gran Porte, que de no hacerlo antes del pplazo estipulado la obligan a entregar los títulos. Con un emprendimiento reducido, puede retener esos títulos mineros con un costo mucho menor y seguir especulando por más tiempo con esos derechos, a la espera de eventuales subas del precio del metal o la aparición de interesados en comprarle el proyecto.
Queda así en evidencia cómo la Ley de Minería de Gran Porte -cuya validez constitucional cuestionamos por varios factores y, en especial, por haber sido una ley votada para favorecer a Aratirí-, trata de ser evadida por esta misma empresa cuando ya no le sirve. No se podía esperar otra cosa de Aratirí, lo grave es que el gobierno uruguayo salga inmediatamente a elogiar esa propuesta.
Aunque no prosperen los proyectos a cielo abierto de Aratirí, hay decenas de otros similares, y aunque se derogue por inconstitucional la Ley de Minería de Gran Porte, sigue vigente el Código de Minería. Por esta razón, Uruguay Libre continuará recolectando firmas para realizar un plebiscito nacional que prohíba la minería metalífera a cielo abierto ya que esta es la única solución legal definitiva a esta situación.
URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA
18 de febrero de 2015.
