REFORMA AGRARIA Y SIDERÚRGICA NACIONAL
“Que el Instituto Nacional de Colonización, ponga el principal latifundio de la zona (Aratirí) a disposición de productores jóvenes con vocación por las tareas rurales, para que se radiquen en la zona . (…)
«Que se desarrolle un proyecto de minería responsable, a escala del Uruguay, como el del Ingeniero Bartol [1], con presencia del Estado, que asegure hierro y trabajo por 100 años, con metalurgia nacional y valor agregado, no extractivismo a medida de una Empresa y por escaso tiempo”.
(Fragmento de la proclama de productores movilizados de la Mesa Ruta 7,
Cerro Chato, 17 de noviembre, 2013.)
Dr. Pablo Díaz, Observatorio de Política de Tierra, UDELAR.
El Instituto de Colonización (INC) bajo la gestión del Ing. Andrés Berterreche, partiendo de la intención de incorporar más de 200.000 há, alcanzó las 38.000 há para Colonización mientras que desafectó 22.700 há a favor de colonos propietarios a raíz del conflicto suscitado con la “ley de repoblamiento de la campaña” (2007) [2]. Aún no se da a conocer cual es la cantidad precisa de solicitantes de tierras y de aspirantes inscriptos para fracciones que quedan disponibles, así como desde otros organismos públicos no se informa sobre qué origen tienen los titulares de las Sociedades Anónimas que acaparan tierras. Frente a lo cual resulta incierto valorar el impacto cuantitativo de la adquisición por parte del INC de casos aislados de campos a empresas multinacionales (que bajo la modalidad de Sociedad Anónima pueden estar participando en la propiedad del 40% del territorio nacional) o del “Programa específico para la Estabilidad del Lechero” del INC, que puede beneficiar a lo sumo unas 20 empresas lecheras por año, si se comprometieran 10 millones de dólares anuales de que dispone el INC solo para eso, y cada campo postulado alcanzara el valor fijado como tope. [3]
En una reciente entrevista del Semanario Voces, intitulada “La Reforma Agraria es un cliché” [4], Berterreche señaló que “lo que dice el Censo (MGAP) es que se perdieron doce mil productores del año 2000 al 2011. Las causas son diferentes en todo ese período. En estos últimos años, no se están perdiendo más y el Instituto sigue creciendo en productores. Hemos generado un montón de programas para que eso no suceda.” (A. Berterreche, en Voces, 2013). Sin embargo, al mismo ritmo de incorporación de tierras bajo la gestión de Gonzalo Gaggero (2005-2010) no se evidenció que el accionar del INC lograra evitar el éxodo rural reflejado en las citadas mediciones del Censo del MGAP (2000-2011) y en los datos oficiales del BPS (2005-2010) donde se constata la pérdida de 3.000 microempresas rurales. [5]
No es extraño que este tipo de respuestas paliativas sean consideradas en buena parte de América Latina políticas sociales focalizadas en la pobreza rural, surgidas en la década del ’90 como respuesta preventiva y de contención del difundido conflicto agrario y por recursos naturales que enfrenta al capital con poblaciones indígenas y campesinas. En cambio históricamente en América Latina la “reforma agraria” ha sido utilizada como estrategia de desarrollo (en el enfoque estructuralista reformista o revolucionario), siendo el Río de la Plata inmune a su desenlace hasta el día de hoy.
Campos de Cerro Chato.
En mayo del año que termina se cumplieron 50 años de uno de los principales informes de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), donde la modificación de las estructuras agrarias era considerada tema central del desarrollo nacional. La expropiación de más de 3 millones de hectáreas para su redistribución, la concentración parcelaria de los minifundios y la limitación de la extensión de la propiedad de la tierra según diversas zonas, permitiría una reorganización masiva del campo en pocos años.
En un país donde el 90% del territorio nacional era considerado “tierra útil”, como “situación de privilegio y excepción en el mundo” se entendía que “los problemas de estructura constituyen así el más serio obstáculo para el desarrollo futuro de la producción agropecuaria y su remoción es un prerrequisito para que el proceso de renovación tecnológica vaya adquiriendo un ritmo creciente, con la participación activa de sectores mayoritarios de productores” (…) “a los efectos de conservar los recursos naturales renovables del país y lograr, a través del buen uso de los mismos, acelerar el desarrollo agropecuario, a una tasa compatible con las metas económicas y sociales que el Plan propicia” (CIDE, 1º Objetivo del Plan de desarrollo Agropecuario, 1965, pág.12).
Sin buscar “sofocar las fuerzas del mercado” desde la intervención estatal (marca propia de la influencia del “desarrollismo doctrinario” de la CEPAL, según Adolfo Garcé), el Estado planificaría y organizaría la actividad económica privada siendo la agropecuaria el horcón central del desarrollo.
Pero también estaba prevista por la CIDE, tanto para la sustitución de importaciones como para la generación de divisas por exportación, dentro del desarrollo de industrias específicas la explotación del yacimiento de Valentines y la elaboración de productos siderúrgicos (arrabio, alambre, etc.) para el mercado interno y la exportación, evitando un “agotamiento prematuro” de las reservas. Por ello se consideraba que “la producción de bienes que incorporen el mayor valor agregado posible, está aconsejada por elementales exigencias de la economía interna. La exportación de materias primas y bienes semi-elaborados, debe constituir pues una solución de transición” (Ind., p. 244).
A 50 años del principal planteo desarrollista del Uruguay moderno, la reforma agraria y la siderúrgica nacional continúan presentes en los debates nacionales.
Manifestación de metalúrgicos.
En “Las propuestas para la transformación de la matriz productiva” de la “Plataforma Programática” del XI Congreso de la Central sindical (PIT-CNT 2011), por ejemplo, se promueven medidas para limitar la extranjerización de la tierra y promover su “racional subdivisión” en el proceso de transformación de las estructuras productivas dependientes hacia una “reforma agraria integral”, así como se considera a la minería metalífera como posible eslabón que impulsaría el “camino de industrialización avanzada”, si se enmarca “en un plan de desarrollo sustentable, que evite transferencias intergeneracionales negativas”, que permita la transferencia de riquezas a la sociedad tanto mediante impuestos como en la promoción de “reservas mineras para la explotación directa del estado”, “desde una perspectiva de soberanía nacional”.
Por otra parte como señalaron las Conclusiones del Juicio Ciudadano sobre Minería de Gran Porte (2011) “no existen o no se conocen en el país hasta el momento planes o estrategias de desarrollo a mediano y largo plazo que permitan, en base a metas deseables del desarrollo, decidir cuáles inversiones se adaptan o no a nuestro país. Parece constatarse que, si existen planes, son sectoriales y sin la conjugación necesaria que evite que se superpongan o se anulen entre sí.” [6]
La posición predominante del gobierno uruguayo es la de no definir una política que limite la concentración y extranjerización de la tierra, al mismo tiempo que la propaganda oficial promueve la extracción del hierro para ser exportado como materia prima, comprometiendo la soberanía nacional, el agua, “los recursos naturales renovables del país” y aquella “situación de privilegio y excepción en el mundo” que el planteo de la CIDE protegía como motor del desarrollo.
Notas:
[1] http://www.cimu.org.uy/wp-content/uploads/MGP-Presentaci%C3%B3n-Julio-Bartol-sobre-industrializaci%C3%B3n-mineral-de-hierro.pdf
[2] Ver Informe Número 3 del Observatorio de política de Tierras. http://ssq.com.uy
[3] Ver Informe Número 2 del Observatorio de política de Tierras. http://ssq.com.uy
[4] http://mpp.org.uy/2011-12-07-22-57-14/todas-las-noticias/930-entrevista-a-andres-berterreche-en-semanario-voces
[5] http://www.elobservador.com.uy/noticia/158785/el-campo-pierde-gente-y-cada-vez-hay-menos-empresas-familiares-
[6] http://www.juiciociudadano.org/libro/
