Agresión en Treinta y Tres

El Juzgado en lo Penal de Treinta y Tres desestimó el pedido de la Fiscalía que reclamó la prisión o la prohibición de conducir para la persona que, el 3 de diciembre último, atropelló con su vehículo la marcha de productores y vecinos del departamento contra la megaminería a cielo abierto en el país. Reproducimos el comentario del periodista Aníbal Terán Castromán sobre la resolución judicial, que pasó ahora a la instancia de apelación.

Alarma social

Leer la resolución de la sede penal de Treinta y Tres fechada 13 de febrero de 2012, es una invitación a meditar en torno al tema.

Dice la respuesta de la sede al recurso de reposición y apelación presentado por la Fiscalía: “la alarma social se produjo por la trascendencia que le dio la prensa a los hechos…” Se deduce de esa aseveración, que la prensa sería responsable de la alarma pública, porque los hechos en sí mismos serían incapaces de alarmar a la sociedad.

¿De qué hechos estamos hablando? De los ocurridos en nuestra ciudad el pasado 3 de diciembre en la intersección de Juan Antonio Lavalleja y Santiago Gadea. Allí – casualmente frente a la sede Judicial – el conductor de un vehículo embistió una marcha ciudadana de protesta contra proyectos de megaminería a cielo abierto. La embestida derribó equinos y jinetes, dejando un saldo de varias personas lesionadas, así como la indisimulable indignación de los testigos oculares que no daban crédito a lo que veían. Lo ocurrido pudo verse además, por miles de personas en todo el país y fuera de fronteras, gracias a que hoy tenemos teléfonos celulares que filman y sacan fotos. Las imágenes del atropello fueron difundidas por los medios televisivos y gráficos, mientras el resto de la prensa también se ocupó del episodio. Posteriormente y como es de estilo, también se encargó de informar de la resolución judicial de procesar sin prisión al conductor del vehículo, a quien se le impuso la obligación de presentarse en la comisaría ciertos días a determinadas horas en los siguientes tres meses, no retirándole la licencia de conducir ni imponiéndole ningún otro tipo de limitación, por lo que el protagonista retomó de inmediato su vida normal a bordo del mismo vehículo con el que había cometido los delitos imputados (tres delitos de lesiones personales en reiteración real en concurso con un delito de omisión de asistencia).

En éstos casos se suele preguntar: ¿Qué estuvo primero? ¿La alarma social o la difusión de los hechos? ¿Recogió la prensa la alarma social o la provocó? Es una vieja discusión, la vengo escuchando muy atentamente desde que hace 28 años me dediqué al periodismo. Y creo que es un debate innecesario, porque lo importante desde el punto de vista judicial, es si hay o no alarma social, y no si ésta es resultado del trabajo de la prensa. Además hay que despojar a la alarma social de toda connotación negativa, ya que no es un acto subversivo, sino la reacción natural de la población ante algo que la estremece, medie o no el trabajo de algún comunicador.

Pero en éste caso en particular no tengo dudas: la alarma social estalló de inmediato. El relato primario de los hechos causó honda consternación entre la gente que asistió al acto en el que se leería la proclama de cierre de la marcha que recorrió gran parte de la planta urbana de la ciudad. “No puede ser”, “es increíble”, “ese tipo está loco” y frases por el estilo se escuchaban insistentemente. “¿Quiénes son los heridos? ¿Cómo están? ¿Qué vamos a hacer?”… eran otras preguntas que flotaban en el aire entre los cientos de personas que ocupaban la plaza.

Otra señal muy clara de alarma social fue la recolección de firmas en respaldo a lo actuado por la Fiscalía. Los delitos se cometieron el sábado, la decisión judicial se conoció el lunes, el martes se redactó la carta, el miércoles se salió a juntar firmas y el jueves se entregaron. En menos de 48 horas y en una sola mesa instalada en la plaza 19 de abril, se recogieron más de 200 firmas, que fueron entregadas por una delegación que se entrevistó con la Fiscal. La recolección de firmas no se extendió más por lo perentorio del plazo para presentar el recurso que los firmantes querían promover. No recuerdo que alguna vez el pueblo de Treinta y Tres se haya movilizado así. Era un estado de alarma social y no provocado por la prensa.

Como trabajador de prensa, no me ofende el rol de alarmista social que me atribuye el escrito que acaba de cobrar estado público y forma parte del expediente que va a estudio de un tribunal de alzada. Creo que es parte de mi trabajo alarmar a la gente, avisarle de cosas que están pasando para que actúe en consecuencia. Para eso estamos los periodistas, para promover el pensamiento crítico y la acción social. Quien trabaje para ocultar los hechos y adormecer las conciencias, no ejerce con honor esta hermosa profesión. Por eso, reitero, no me siento agredido por esta apreciación que me ubica como generador de alarma social por dar “trascendencia a los hechos de autos”, simplemente hago la precisión de que la alarma ya estaba instalada en la sociedad y en este caso no fue necesario que saliera ningún periodista a despertar la sensibilidad del pueblo.

Lo que me sorprende, es que quien reconoce que si hubo alarma social en el numeral 6 de su resolución, en el anterior, diga que asiste razón a la defensa en sus argumentos presentados citando “distinguidos Magistrados” que –supongo -en literatura de cátedra habrían descrito la alarma pública en términos en los que aparentemente no se encuadra lo ocurrido en este caso, y más aún pretende atribuir a la prensa la generación de ese estado de opinión, como si ello fuera relevante. Lo importante es que la alarma social existió y creo que se reaviva al conocerse el tono de la respuesta de la sede que ratifica su postura de no prisión preventiva, no retiro de licencia de conducir, y la única rectificación que hace es a favor del encausado retirándole uno de los cargos (el de omisión de asistencia).

¿Cómo reaccionará la opinión pública ahora? No es difícil de imaginar. Muchos estábamos esperando una rectificación que aliviara la sensación de decepción causada por la decisión primaria. Ahora nos resta esperar que la corrección venga de parte de los ministros del tribunal que estudiará el caso.

Mientras tanto, además de esperar el accionar de los mecanismos garantes de la justicia, como ciudadanos respetuosos de las leyes y de los funcionarios encargados de cumplirlas, nos corresponde seguir ejercitando el derecho de alarmarnos, no solo frente a un acto criminal como la embestida brutal a una marcha pacífica, sino cuando entendemos que falla la sintonía entre la comunidad y el Juzgado, institución a la que acudimos en busca de respuestas razonables que se ajusten al sentido común.

Aníbal Terán Castromán

Treinta y Tres, 22 de febrero de 2012.