¿’Fracking’ en Uruguay? (VII)

UN ANÁLISIS JURÍDICO

El Dr. Alfredo Caputo, profesor de posgrado de Derecho Minero en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, expone las alternativas existentes en el actual marco institucional para prohibir la aplicación de la tecnología de fracturación hidráulica (‘fracking’) en Uruguay.

I. Nociones preliminares

Diagrama del 'fracking'.

Diagrama del ‘fracking’.

A) El ‘fracking’ bien puede afectar con un alto grado de probabilidad, por no decir de certeza, el suelo, subsuelo, acuíferos, etcétera.

B) Contaminará “siempre que haya algo que contaminar”, según algunos geólogos. Si pues, en Uruguay siempre habrá algo que contaminar.

Esto no es una afirmación originada en la ignorancia, en todo caso es la ignorancia existente sobre nuestros recursos naturales, en especial los acuíferos, lo que conlleva la necesidad de una suma prudencia desde que es probable que se afecte mucho más de lo que en principio pudiera parecer.

II. Ubicación dispositiva

El Código de Minería y el Reglamento de Seguridad Minera del 30 de setiembre de 1946.

III. El ‘fracking’ como método extractivo de petróleo ante el Derecho

A) De acuerdo con el Código de Minería, el petróleo pertenece a la Clase I, como el gas natural, el carbón, etc., y por lo tanto el Estado sustenta el monopolio de su prospección, exploración y explotación, que ejercerá a través de Ancap.

No hay en el rubro títulos mineros, el Estado no concede derechos mineros, se reserva el derecho.

B) No obstante, puede contratar con empresas privadas, pero que ejecutan la tarea material, habilitándolas para ello y celebrando contratos para la operativa material a cambio de un precio.

C) Es de destacar que el Artículo 19 del Código de Minería establece con carácter expreso de orden público que toda la actividad minera queda sometida a la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay, que todo pacto o convenio en contrario es nulo.

D) Ningún contrato, ya sea que otorgue derechos mineros o que, simplemente, habilite una actividad material a cambio de un precio, puede establecer lo contrario; pues sería nulo, según lo dice expresamente el Artículo 19.

E) Es más, en el caso de contratos que otorguen derechos mineros se debe estampar expresamente el Artículo 19. Este artículo rige para todos los contratos, incluso para los que no otorguen estrictamente derechos mineros, sino que habiliten la actividad material.

F) Pues bien, regirá para el ejercicio de dicha actividad el Código de Minería y los reglamentos pertinentes, dentro de los cuales el de Seguridad Minera 1230/43 del 30 de setiembre de 1946.

G) Regirá la competencia en lo pertinente del Poder Judicial uruguayo y de la Inspección General de Minas, esto último lo establece expresamente el Código de Minería, Artículo 126 y siguientes.

La Inspección General de Minas sustenta nada menos que el control de toda la actividad minera desarrollada en el país, incluyendo la plataforma continental (Artículo 126 del Código de Minería y Artículo 77 y concordantes de la Convención de Derechos del Mar, de Jamaica, 1982).

Dicha Inspección General está habilitada para prohibir el ‘fracking’ en aplicación de lo dispuesto por el Reglamento de Seguridad Minera del 30/9/1946, Decreto 1230/43, que entre otros aspectos establece que la citada Inspección General puede prohibir métodos de extracción que pueden alterar la estabilidad del suelo, Artículo 2, literal e). El Reglamento de Seguridad Minera está vigente y así lo determina el propio Código de Minería por los artículos 114 y 134.

H) Ahora bien, Ancap en el propio contrato que habilite la operación de explotación puede directamente prohibirlo.

IV. En suma

Plataforma de 'fracking' en Pennsylvania, EE.UU.

Plataforma de ‘fracking’ en Pennsylvania, EE.UU.

Ante un método de extracción que es eminentemente contaminante y peligroso, al menos en cuanto a nuestro país y sus recursos naturales, bien puede ser excluido directamente por ley o, simplemente, en una correcta aplicación de las normas jurídicas existentes, proceder a su prohibición.

Estimamos que es menester proceder a evitar su ejecución por el alto grado de peligro para la estabilidad del suelo, de la pureza del agua y, en definitiva, de la seguridad y salud de la población.

La Paloma, 14 de marzo de 2016.

FacebookEmailShare
Esta entrada fue publicada en Análisis, Destacado, Información. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>