Megaminería en Uruguay /iv

LEGITIMACIÓN DEL DAÑO

Desde su función en el Ministerio Público, el fiscal Enrique Viana ha desarrollado una acción persistente, aunque con escaso éxito en la Justicia, de cuestionamiento a los proyectos de inversión con severos impactos sociales y ambientales. Para Viana, el proyecto de ley de MGP es un intento de legitimar aún más aquello que ha venido denunciando.

por Víctor L. Bacchetta, en semanario Voces (22/11/12)

Este proyecto no es otra cosa que la manifestación, con una ingeniería más sofisticada quizás, de lo que venimos denunciando judicialmente en los accionamientos de mi Fiscalía. Cuando el Estado se vuelve “socio” de estas Corporaciones Anacionales como ocurrió con Botnia en el 2004-2005, en la confusión de intereses generales y privados, los primeros se disuelven, no hay objetividad ni confiabilidad posible en la evaluación y en el control, y, con esa confusión de intereses, el Estado Republicano y la Soberanía Nacional no son tales.

Arrepentimiento

Considero que el proyecto se define en la primera oración del artículo 1° cuando dice directamente que “La Minería de Gran Porte es aceptable”. El resto son elementos decorativos o de artificio que siguen la línea de esa prioritaria intención. Se “aceptan” el daño y la destrucción graves al medio ambiente. Ese el propósito indisimulado del proyecto, exceptuar, conceder una excepción de rango legislativo al deber de abstenerse de causar depredación, destrucción y contaminación graves al medio ambiente, previsto desde 1997 en el artículo 47 de la Constitución.

Defino al proyecto como una Ley de Arrepentimiento o de Arrepentidos. Nos arrepentimos del Uruguay Natural, nos arrepentimos del art. 47 de la Constitución y nos arrepentimos de la Reforma del Agua de 2004. Fuimos brutalmente ecologistas cuando previmos toda esa normativa, por ello damos varios pasos hacia atrás y aceptamos la destrucción ambiental de la megaminería.

Inconstitucionalidad

Desde ya entiendo por tanto, que, de aprobarse el proyecto, se trataría de una ley flagrantemente inconstitucional. Se trataría de una ley “de daño aceptado”, constituiría una rebaja o radical reducción en la protección constitucional del medio ambiente que se ha dado el Uruguay. Por ley se “legitimaría” la destrucción ambiental ocasionada por la megaminería, destrucción grave que nadie discute, ni los propios emprendimientos.

Es más el artículo 3° describe cuales son algunos de los impactos más conocidos de esta megaminería a cielo abierto (altísimo consumo de energía, uso de substancias tóxicas peligrosas, producción de drenaje ácido); pues bien, con ese reconocimiento, también los acepta como válidos, los convalida. Las previsiones de un capítulo, prácticamente hueco de contenido en cuanto a la mitigación al cierre de la mina, como el complejo sistema de “compensaciones” previstas en los capítulos tributarios y del fideicomiso, son parte también de esa trampa del daño aceptado, para esquivar la norma constitucional.

Si se anuncian “mitigaciones” y “compensaciones”, va de suyo, que al aceptarse estos pobres y falsos antídotos, es porque se acepta de lleno la enfermedad. Se viola así el principio de no regresión en materia de Derecho Ambiental, resultante de los propios arts. 47 de la Constitución y 6º de la Ley de Protección del Medio Ambiente de 2000.

Internacionalización

Por si fuera poco, el proyecto de ley pretende “legitimar” también los Contratos de Inversión. Prevé su confidencialidad, además. Mediante la previsión de estos Contratos para la concesión minera habilita un “cheque en blanco” o un “pasamanos” que será llenado a la hora de la redacción del contrato en sí, con todas aquellas estipulaciones que el inversionista quiera a su antojo y conveniencia. Allí vendrá la “internacionalización” del contrato, se preverán Juez (árbitros privados) y un Derecho Anacional para el caso de controversias en cuanto a su interpretación y aplicación, desplazándose a los Poderes Judicial y Legislativo nacionales, cláusulas de congelamiento del derecho, etc., todo lo que ya conocemos que aconteció con el Contrato de Inversión con Montes del Plata de enero de 2011. Se permite así, en genérico, un instrumento que autorizara privilegios y prebendas exorbitantes a una empresa privada, construyéndose a su favor un verdadero estatuto feudal. Nada más contrario a las disposiciones que nos definen como una República y un Estado Soberano (arts. 1 a 4, 82 Const.). Otra grosera inconstitucionalidad que, además, atenta contra el principio de igualdad ante la ley (arts. 8 y 9 de la Constitución).

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Una respuesta a Megaminería en Uruguay /iv

  1. ojominero dijo:

    SEGUNDO ATENTADO A REDACCIÓN DEL DIARIO EL PINAR PRESS EN UN AÑO, HABRÍA SIDO POR DIFUSIÓN DE TEMAS DEL MEDIO AMBIENTE

    Sr. Director Observatorio Minero
    Periodista Víctor Bacchetta
    Miembro RedCalc
    Presente:

    Si bien aún no hay procesados por el nuevo atentado a las oficinas del
    periódico EL PINAR PRESS, ocurrido el pasado 14 de octubre (el primero
    fue el 14 de setiembre de 2011 y fue obra del narcotráfico), las
    primeras investigaciones policiacas conducen a pensar que fueron
    sujetos considerados antiambientalistas y con determinadas
    vinculaciones con inversores. Es que precisamente en la edición Nº100
    de EL PINAR PRESS, se publicaron varias páginas al Medio Ambiente,
    desde la Marcha por la Tierra, hasta las audiencias en el municipio de
    Ciudad de la Costa por el Parque Roosevelt, pero también una extensa
    entrevista al fiscal Dr. Enrique Viana que fue muy preciso en sus
    declaraciones y que pueden haber molestado a algunos oficialistas. Si
    bien existe una segunda línea de investigación, las fuentes policiales
    creen más en la primera que hemos citado.
    EL PINAR PRESS se convirtió en el medio más atacado en sus oficinas, en
    un año, en todo el Uruguay, y así fue denunciado recientemente en en
    congreso del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) celebrado en Buenos
    Aires.

    Saludos cordiales,
    Atte
    Daniel Hardy Coll
    Periodista
    Director EL PINAR PRESS

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