QUIÉN SE BENEFICIA DE QUIÉN
En países con un avanzado proceso de industrialización y grandes yacimientos, la minería ocupó históricamente un rol muy modesto en la definición de sus patrones de desarrollo y este aporte ha sido efectivo solo en naciones que cuentan con una estructura institucional, tecnológica y empresarial capaz de orientar y controlar a las industrias extractivas.
Víctor L. Bacchetta, en semanario Voces 15/12/11.
El pasado lunes, el mismo día en que el Juicio Ciudadano sobre Minería a Cielo Abierto en Uruguay, organizado por la Universidad de la República, daba a conocer el informe final de sus conclusiones, el Poder Ejecutivo anunció que la Comisión Multipartidaria sobre Minería de Gran Porte, integrada por el gobierno y los partidos con representación parlamentaria, había llegado a «un acuerdo político» para desarrollar la minería en el país.
La coincidencia facilita la comparación de los énfasis puestos en uno y otro ámbito. Mientras que los quince integrantes del panel ciudadano que se informaron al respecto centraron sus preocupaciones en las condiciones necesarias y las pre existentes en el país para tomar una decisión, el gobierno y los partidos presentes en la comisión privilegiaron el eventual aporte económico y se muestran ansiosos por arribar a una resolución formal.
Comisión Multipartidaria: (de izq. a der.) senador Daniel Martínez (FA); diputado Iván Posada (PI); ministro Roberto Kreimerman; diputados Walter Verry (PC) y José Cardoso (PN).
El ministro de Industrias, Roberto Kreimerman, anunció que el acuerdo será explicitado en «un documento que será elevado a cada una de las direcciones de los partidos políticos” y será consagrado la semana próxima en una ceremonia pública. Se busca insertar la minería de forma “social y naturalmente sostenible” pero que, además, “le dé al país una cantidad importante de puestos de trabajo y de activos para el futuro”, señaló.
El ministro también destacó «el acuerdo sobre el desarrollo de una cadena productiva en el sector y la importancia del valor agregado sobre las explotaciones que se realicen». Los acuerdos de la Multipartidaria son un reflejo en el espejo de las respuestas dadas por las autoridades del gobierno en las audiencias públicas del Juicio Ciudadano. El estado uruguayo es impecable en las intenciones, pero no da cuenta de los hechos.
«Es complejo generar cadenas de valor solo a partir del recurso y menos en períodos de tiempo relativamente cortos como el planteado (entre 12 y 20 años) cuando se necesita previsión de materia prima para períodos más prolongados. El país debería ser cuidadoso en el caso de negocios o actividades de alto impacto y volátiles como esta», comenta el informe ciudadano que se ajustó a criterios de imparcialidad en la información.
«Si bien hay legislación sobre aspectos vinculados a la minería, la misma no es suficiente y además la falta de reglamentación hace que sea inoperante en muchos casos. Por ejemplo, los delitos ambientales no están regulados a pesar de existir proyectos al respecto. Uruguay no ha ratificado el convenio internacional 176 de la OIT (sobre seguridad y salud en las minas», expresa taxativamente otra de las conclusiones del panel ciudadano.
Mientras el gobierno, a través de la Multipartidaria, pone el énfasis en la cantidad de puestos de trabajo que supuestamente traería la megaminería metalífera, el movimiento sindical a través del PIT-CNT ha señalado que no existe una normativa específica en el país para proyectos de este tipo que proteja debidamente a los trabajadores y sus familias, y que la existente no está actualizada en relación a los cambios en la industria.
Integrantes del Juicio Ciudadano dando a conocer sus conclusiones en el Paraninfo de la Universidad.
Cuando los integrantes del Juicio Ciudadano dicen que «no sería responsable tomar una decisión respecto a proyectos de minería de gran porte sin antes contar con conocimiento más profundo sobre pérdidas y ganancias (costos y beneficios que incluyan aspectos sociales y aspectos ambientales) y consensuar ciertos aspectos por parte de la sociedad a través de debates públicos», puede parecer una opinión de legos en la materia.
Sin embargo, a la luz de algunas investigaciones económicas conocidas o de reflexiones de expertos sobre las experiencias más recientes en países con larga tradición minera en la región sudamericana, no es difícil constatar que las conclusiones de aquellos 15 uruguayos comunes y corrientes, luego de informarse con los actores involucrados en el problema y deliberar fríamente, no están alejadas de la historia ni de la realidad.
El «razonamiento por analogía histórica» consiste en justificar un modelo de desarrollo en un país en base a los supuestos beneficios que una opción semejante trajo para otros países dados como ejemplo a seguir. Este recurso ha sido utilizado reiteradamente en los debates sobre este tema por algunos académicos y funcionarios gubernamentales que apelan a los casos de Canadá, Australia, Suecia y, no podía faltar, Finlandia.
Se alaban los beneficios de la minería, soslayando las diferentes condiciones específicas e históricas de los procesos. Una investigación del economista estadounidense Thomas M. Power(1) sobre el desarrollo industrial y tecnológico de Estados Unidos, Canadá y Australia señala que la minería cumplió un papel muy modesto en el proceso de industrialización y en la definición de los patrones de desarrollo de los países mencionados.
Minería y desarrollo
«Solo un pequeño porcentaje del producto económico nacional provenía de la minería. En el contexto del proceso seguido por estos países, la minería fue parte de un patrón complejo de desarrollo institucional, tecnológico y corporativo que caracterizó no sólo a esta actividad, sino también a la agricultura, la producción manufacturera, el comercio minorista y los servicios», afirma Power en su trabajo, cuyas principales conclusiones exponemos aquí:
● El razonamiento por analogía histórica aplicado a las naciones desarrolladas exagera seriamente los pretendidos beneficios económicos de la minería por varias razones:
i. Tiende a ignorar los prerrequisitos no económicos para el crecimiento económico sostenido para favorecer un modelo mecanicista de desarrollo económico.
ii. Tiende a sobredimensionar la dimensión e importancia del rol de una sola actividad económica (la minería) en un sector específico (las exportaciones).
iii. Tiende a ignorar las condiciones iniciales específicas y las características históricas del camino seguido en la realidad por un país determinado.
iv. Tiende a ignorar los cambios que se han producido en la economía mundial, la tecnología y la organización empresarial desde esos períodos históricos iniciales.
● El proceso del desarrollo económico es muy complejo y se extiende más allá del mercado comercial de divisas y las relaciones financieras y empresariales. Incluye instituciones políticas y sociales, valores culturales, infraestructura pública y capital humano, como también la protección efectiva del medio ambiente. Las grandes inversiones en un solo proyecto (por ej., una mina) en un sector específico de la economía (por ej., exportaciones), por sí mismas, rara vez tendrán un impacto sostenido significativo para el desarrollo.
● Estados Unidos, Canadá y Australia eran ya economías desarrolladas de altos ingresos cuando empezaron la explotación industrial de sus recursos mineros a fines del siglo diecinueve y comienzos del siglo veinte. Por lo tanto, el desarrollo minero hizo uso intensivo de conocimientos, tecnología y organización empresarial. Las naciones en desarrollo contemporáneas carecen de estas condiciones.
● La disminución de los costos de transporte desde mediados del siglo veinte ha alterado radicalmente la posibilidad de que la minería pueda ser la base del desarrollo económico sostenido en los países en desarrollo. Esto se debe a varias razones:
i. La distancia y el aislamiento no protegen más la producción manufacturera que de otra manera podría desarrollarse basándose en los proyectos mineros. La producción manufacturera local no estará relacionada a la minería.
ii. El bajo costo del transporte ha conducido a la “desintegración” de la industria minera y otras industrias manufactureras. Los minerales, combustibles y bienes manufacturados semiacabados pueden ser transportados alrededor del mundo para ser procesados y terminados a un costo rentable. Estos cambios han destruido el enlace entre la minería y otros sectores de la economía local.
iii. El aislamiento no constituye más un mecanismo de protección local para los altos precios de los minerales. Actualmente, la competencia mundial entre productores tiende a disminuir el precio de los minerales y contribuye a una considerable volatilidad de los mismos. Esto puede producir conmociones que desestabilizan el desarrollo económico.
● La formación de grandes compañías transnacionales ha globalizado los conocimientos, la tecnología y la gestión en la minería. El aprendizaje a través de la práctica, el desarrollo de conocimientos especializados a nivel local y los aportes de tecnología y conocimientos al resto de la economía no son más un producto necesario de explotaciones mineras específicas.
● Las dimensiones continentales de aquellos tres países (como también Brasil, acotamos nosotros) les permitieron desplazar las operaciones mineras de un lugar a otro. Los perjuicios económicos a nivel local y regional fueron asimilados y compensados en una economía nacional de grandes dimensiones, además de que el desarrollo nacional de estos países no dependía de la explotación de uno o unos cuantos productos minerales.
Sitio minero abandonado en Galena Creek, Montana (EEUU). En este estado, una consulta popular en 1998, ratificada en 2004, prohibió el cianuro en la minería de oro y plata tras un desastre ecológico sin precedentes causado por dos empresas canadienses.
● El impacto económico local de la evolución de la minería en Estados Unidos, Canadá y Australia usualmente no fue positivo. Con frecuencia, la pobreza persistente o los pueblos fantasma fueron el producto de la decadencia de la minería a nivel local. En general, el desarrollo económico sostenido que se logró a nivel local alrededor de la minería no fue un resultado de la minería. Durante las últimas décadas, las comunidades dependientes de la minería en esos países desarrollados continúan rezagadas en relación a otras economías regionales y a la economía nacional.
● En las naciones en desarrollo contemporáneas, la dependencia de la minería no ha tenido en las últimas décadas un impacto positivo en el crecimiento del PIB ni ha contribuido a sacarlas de la pobreza. Las inversiones mineras no solo no pueden estimular el desarrollo económico sostenido, sino que pueden aumentar el conflicto social, expandir la corrupción gubernamental y empresarial y desplazar la inversión en el capital humano.
La última conclusión de Power se vincula con el desarrollo de las instituciones del país que posee el mineral. Cuando las instituciones son débiles, «las altas rentas que genera llevan a que se despilfarre la riqueza del recurso no renovable al mismo tiempo que se incrementa el conflicto social y se produce daños casi irreparables al medio ambiente». Y agrega: «Esto puede volver a una nación en desarrollo más pobre de modo definitivo».
Minería y estado
La relación entre la fortaleza institucional del país y la conducta de las empresas mineras fue, justamente, uno de los temas centrales abordados en las conferencias, tanto a nivel académico como profesional y gubernamental, mantenidas recientemente en Montevideo por un experto peruano, el doctor en antropología Vladimir Gil.
Coordinador del Estudio del Impacto Económico del Cambio Climático en Perú, docente e investigador de la Maestría en Desarrollo Ambiental en la Pontificia Universidad Católica de este país e investigador asociado del Earth Institute, de la Universidad de Columbia, y del Departamento de Antropología de la Universidad de California, Gil acaba de publicar sus últimas investigaciones en el libro: «Aterrizaje minero. Cultura, conflicto, negociaciones y lecciones para el desarrollo desde la mineria en Ancash, Perú».
En un coloquio sobre las múltiples implicaciones, interrelaciones y desafíos que plantea la minería en la actualidad, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Udelar, dentro de un ciclo de actividades de la Sociedad de Economía Ecológica del Uruguay (SEEU), el experto peruano comenzó diciendo que «cada vez más se plantea el problema de los límites ecológicos del desarrollo económico tal como ha estado planteado hasta ahora, sobre todo en términos de escala, de crecimiento y de riesgo».
Los proyectos de minería en gran escala se manifiestan en la actualidad, según Gil, como conflictos en diferentes planos, conflictos entre desarrollo y medio ambiente, entre el campo y las grandes urbes y, en definitiva, como una guerra por los recursos, en donde se ponen en juego estrategias de «marketing» para convencer a la población de la bondad de estos proyectos en base a la supuesta responsabilidad social de las empresas y, también, la supuesta responsabilidad del estado nacional para vigilar a las anteriores.
El investigador peruano advirtió que las empresas siempre van a buscar la opción de menor costo a menos que se las obligue a seguir otro camino y puso como ejemplo el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México en junio de 2010, en el pozo de una de las mayores empresas del mundo. BP «lamentó el accidente» y trató de evadir su responsabilidad hasta que se comprobó que para abaratar la obra no había utilizado los medios adecuados y que los fiscales del gobierno estadounidense lo habían consentido.
Campesinos y habitantes de la ciudad de Cajamarca manifiestan contra el Proyecto Conga de minería a cielo abierto en la región.
Gil describió asimismo las características del conflicto desatado actualmente en su país a raiz del Proyecto Conga, de la trasnacional Newmont (Yanacocha), para la extracción de oro y cobre a cielo abierto que eliminaría cuatro lagunas andinas en las cabeceras de cuenca de las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca. «En Perú los directivos de las mineras se gradúan de ministros, son la misma gente, eso no genera confianza en las comunidades que esperan que el estado las represente», comentó el antropólogo.
La principal conclusión del experto peruano es que, si la institucionalidad del país que aloja el proyecto es débil, las compañías mineras hacen todo lo que pueden para bajar los costos y lo demás, que son los posibles «accidentes» y las consecuencias de los impactos sociales y ambientales, será pagado por las comunidades locales y el país anfitrión. «El tiempo para exigirles condiciones a las mineras es antes de que se instalen», agregó Gil.
Con el debido respeto, creo que no han tenido en cuenta, al menos no se menciona, que el hierro que hay en Uruguay es de una ley baja, muy baja. Lo que hace rentable(su explotacion), mas alla de la cotizacion actual y su beneficiacion, seria, es, que quien se hace cargo de los famosos costos ocultos, de los que nadie del gobierno ni de la empresa (logico) quieren hablar, sera toda la sociedad, inclusive quien viva en Bella Union (por nombrar un lugar).
Ademas este tipo de emprendimientos que se planifica pasara (distrito minero y lododucto, llamemosle correctamente) por areas protegidas por varias leyes nacionales y convenciones de la ONU refrendadas por nuestro pais. Hara desaparecer para siempre los yacimientos arqueologicos que existen y que no han sido estudiados (aunque lo fueran no se justifica, su desaparicion). ¿quienes somos nosotros, los habitantes actuales del Uruguay, para privar a las generaciones futuras del conocimiento que alli existe?