Entrevista a Jorge Rucks por Víctor L. Bacchetta
Publicado en Semanario VOCES, 10/2/2011.
Los impactos de diverso orden – económico, social, medioambiental y sanitario – generados por las plantaciones en gran escala de soja y forestales, éstas con fábricas de celulosa adosadas, a lo que se suma hoy un proyecto de gran minería de hierro a cielo abierto en el centro del país, están lejos de haberse conocido y evaluado cabalmente hasta el presente. Los gobiernos que han permitido estos emprendimientos, ante la obvia falta de antecedentes locales, los califican de desafíos. Hay que aprender en la marcha, capacitarse y controlar el proceso.
Ese es el firme propósito del director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el arquitecto Jorge Rucks, que asumió con la nueva administración frenteamplista de José Mujica. Rucks no soslaya dificultades ni esconde las carencias que enfrenta tanto su gestión como la del gobierno en conjunto con respecto al tema ambiental e incluso describe los mecanismos de coordinación y negociación a que ha recurrido el Ejecutivo para tratar de manejar el problema.
El sanducero Rucks se graduó en la Universidad de la República, luego culminó una maestría en ordenamiento de áreas metropolitanas en Italia y trabajó por más de 25 años como especialista de la OEA en Honduras, Ecuador y como Jefe de la División Recursos Hídricos del Departamento de Desarrollo Sostenible del organismo. Aquí se desempeñó en la Dirección Nacional de Energía y participó en 1990-93 en el Estudio Ambiental del Uruguay organizado por la OPP con apoyo de la OEA y el BID, que constituyó una línea de base sobre el estado del ecosistema nacional.
Gestión ambiental del gobierno Mujica
– Quisiéramos conocer similitudes y diferencias, si las hay, entre esta gestión y la anterior del Frente Amplio. ¿Cuáles son las líneas principales de la política ambiental de este gobierno?
– Básicamente, un eje sobre el ambiente equitativo, es decir, similares condiciones de calidad ambiental para distintos sectores de población del país. Esto a partir de que hay gente que vive en condiciones de pobreza, de insalubridad, en áreas contaminadas, en zonas inundables, en asentamientos en áreas más vulnerables al cambio climático y eventos extremos, entendiendo que el tema ambiental no es solo una cuestión de proteger la naturaleza, sino de proteger las condiciones del entorno que permiten el desarrollo de la vida de la gente. En ese sentido hemos venido trabajando en una forma bastante integrada dentro del ministerio con el área de vivienda y hábitat. Esto se vincula al manejo de los residuos, un tema prioritario que no debería verse solamente como un problema ambiental, porque está vinculado a oportunidades económicas y, por tanto, también al tema social implícito en la forma del manejo referido a las posibilidades de reciclaje, clasificación y reprocesamiento.
Transversalidad del medio ambiente
– ¿Hay otros aspectos a resaltar en la gestión actual?
– El otro aspecto fundamental es el reconocimiento de la transversalidad de la política ambiental. La gestión ambiental no es la responsabilidad unilateral de un ministerio, sino que tiene que ver con los derechos y responsabilidades desde las personas, pasando por las distintas escalas de de gestión del país, hasta las responsabilidades internacionales que se deben asumir a este respecto. Entender que el tema ambiental está bajo la responsabilidad de cada uno le da un sentido transversal, de interrelación entre los distintos sectores que deben ser atendidos. La estructura institucional que se fue dando el país no partió de un pensamiento integral del tema ambiental, sino de la acumulación de distintas visiones y legislaciones, compartimentando y atomizando las funciones, incluso dentro del propio ministerio. Tal fue el caso de la creación de las direcciones nacionales, actuando en forma casi independiente, con visiones orientadas al ordenamiento territorial, a la gestión de los recursos hídricos y a la gestión ambiental cuando, en realidad, todos estos son instrumentos de la gestión ambiental.
Sistema Ambiental Nacional
En concreto se decidió armar un gabinete ambiental como instancia de coordinación interna del ministerio, en donde se discuten los lineamientos de política ambiental integral, atendiendo a los grandes temas, y se ve cómo cada una de las direcciones nacionales se debe articular para dar respuesta a esos temas. Y de aquí hacia lo que está planteado como la voluntad de construir un Sistema Ambiental Nacional concebido, como lo dice la ley general de protección del ambiente, bajo la centralidad de este ministerio, pero donde las otras instancias del estado que tienen responsabilidades y generan impactos ambientales estén articulados en forma orgánica y no casuística. En este sentido, a partir de una mayor integración de las tres áreas del ministerio, desarrollar instrumentos de vinculación y trabajo orgánico con otros ministerios tan importantes para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible como los de Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minas, Salud Pública, Desarrollo Social. De alguna manera, se tienen esos vínculos y se trabaja, pero en forma casuística, a partir de un problema se genera una comisión que luego desaparece, no se trabaja en una forma orgánica. Para esta fase de construcción de un Sistema Ambiental Nacional contamos con un proyecto de apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y hay una coincidencia con la política expresada en la Ley de Presupuesto, de tomar al MVOTMA como un ministerio piloto para la reforma del estado.
Inseguridad y vacíos en la gestión
– ¿Qué problemas operativos debe resolver la Dinama?
– La Dinama es como una segunda Universidad, es pasajera, la gente viene, se forma en una práctica y se va. Las demandas del proceso de desarrollo del país hacen que estemos alimentando al sector privado, los mejores cuadros se nos van. Entonces, debemos ser previsores, primero dar mayor estabilidad al propio personal del ministerio, pero sabemos que ese ritmo no lo vamos a cortar, que vamos a precisar el ingreso permanente de nueva gente. Es terrible pasar de la nada a tener que enfrentarse con situaciones de una complejidad enorme y no tener la gente capacitada. Nuestra idea es hacer un acuerdo con algunos sectores clave de la Universidad que nos puedan aportar pasantes, pero conducidos por un área técnica que nos asegure ciertos patrones de capacidad. Hay unos vacíos en la Dinama desde el punto de vista de la gestión ambiental que son claros, hay que reconocerlos. Por ejemplo, en la Dinama no hay un economista ambiental. Tengo la esperanza de que con la reforma del estado esto se pueda empezar a solucionar. Hay limitaciones que no se superan de un día para otro.
Modelo de desarrollo y realidad
– Recientemente se han ido incorporando al país formas productivas en el agro y en la industria de volumen y impacto, tanto social como ambiental, muy importante. En el agro está el tema de la soja y la forestación, en la industria está la producción de celulosa y ahora la minería que son, tanto por las dimensiones como por las tecnologías involucradas, sin antecedentes en el país. ¿Este gobierno tiene alguna definición general sobre este modelo de desarrollo?
– Desde los distintos ámbitos, el gobierno ha planteado una política de fomento a la incorporación de este tipo de inversiones que en el país no habían tenido desarrollos importantes. Forestación y minería siempre hubo pero hay un cambio de escala y de calidad que implica la escala. También creo que el presidente dijo que todo esto lo vamos a condicionar al impacto ambiental, lo cual nos da una responsabilidad muy importante a este ministerio. Creo además que el país se ha dado, en la última administración en particular, algunos instrumentos muy importantes que enriquecen la política ambiental y los instrumentos de aplicación de la política ambiental. Me refiero a la Ley de Ordenamiento Territorial (OT) que busca tomar en cuenta las distintas vocaciones y las distintas restricciones que el país tiene para distintos tipos de desarrollo. Se plantea la definición de los lineamientos de políticas a nivel nacional, a nivel de regiones y, en particular, se reconoce la autoridad de los gobiernos departamentales para definir sus propias zonificaciones. Este es un instrumento muy potente para ordenar estas inversiones.
Inversiones, beneficios y problemas
– La implementación de las definiciones y de esos instrumentos de una política requiere tiempo. La Ley de OT recién se está instrumentando y, en la medida que sea un proceso de discusión, de participación, requiere tiempo. Simultáneamente, hay proyectos significativos que, por lo visto, la decisión del gobierno no es supeditarlos a la conclusión de este proceso.
– Pensamos que este tipo de inversiones tiene beneficios y tiene problemas. Los instrumentos se han enriquecido pero hay instrumentos que se vienen aplicando desde hace varios años. Para nosotros, el análisis de impacto ambiental no es ajeno a los problemas sociales y económicos. El tema ambiental es la integración, es un equilibrio entre las soluciones económicas, sociales y de impacto sobre los ecosistemas. En este sentido, el instrumento tradicional que es el estudio de impacto ambiental ha permitido resolver situaciones, por ejemplo, el tema forestal en situaciones que podían ser conflictivas con áreas de particular interés, con recursos hídricos importantes, y se ha ido aumentando el conocimiento de las distintas áreas del país. Nosotros creemos que el desarrollo de esos sectores, el sector agrícola, el sector forestal, el sector minero, en una escala importante han generado beneficios en el área social y económica que se trasuntan en beneficios generales. Dentro de las condiciones ambientales que se le han impuesto, se han manejado con ese equilibrio que requiere un proceso de desarrollo sostenible a nivel país.
Aprendiendo de los desvíos
Eso no quiere decir que no haya situaciones que nos superan y que no hayan generado desvíos que nos dan una experiencia para ir mejorando. La gestión es siempre un proceso de ajuste permanente para mejorar. Por ejemplo, dentro del tema forestal se ha ido ganando experiencia para poder discutir, cuando vienen proyectos como el de Stora Enso, cómo proteger el área de Colonia, que tiene un desarrollo muy equilibrado, de procesos de forestación como se han dado en otras áreas con vocaciones más amplias para ese desarrollo forestal. Y esto ha sido puesto sobre la mesa y negociado para evitar ese tipo de desarrollo.
En estos nuevos grandes emprendimientos, lo que fue la planta de Botnia generó experiencia y capacidades para analizar mejor hoy la planta de Montes del Plata anunciada para instalarse en Conchillas. El tratamiento del impacto de la planta es distinto a como se hizo anteriormente. Hoy no es solamente por el impacto sobre el ecosistema, sino también sobre el territorio, sobre la caminería, cómo se va a instalar la gente, la contaminación, las restricciones a la forestación. Se ve con una integralidad mucho mayor y eso es por la experiencia que se ha ganado.
Negociando con Stora Enso
– El proceso de Botnia se dio en un marco donde la forestación se expandió por el departamento de Soriano, en unas de las mejores tierras del país, por simples condiciones de rentabilidad. ¿Quiere decir que en Colonia se limitará la forestación?
– En Colonia ha habido negociaciones específicas para ver en qué suelos, en qué condiciones puede ser desarrollada la forestación alrededor de la planta. Eso ha sido parte de la discusión del memorando de entendimiento, tratando de evitar las grandes manchas forestales en esa zona, restringiéndolo a áreas de baja productividad y que pueden significar un ingreso adicional a la actividad que ha desarrollado tradicionalmente esa zona. Tratando de evitar la acumulación de tierras por la empresa industrializadora, para mantener la estructura predial y de propiedad existente. Esas cosas fueron tenidas en cuenta y fueron negociadas con la empresa, fueron negociadas previo a los análisis de impacto ambiental.
– Si, por lo que usted dice, es una negociación previa. ¿Eso se da a conocer, tiene algún grado de registro?
– Eso es parte de un memorando de entendimiento que lo coordina el Ministerio de Industria, Energía y Minas. Ellos coordinaron al Poder Ejecutivo para la discusión de estos temas. Nosotros fuimos convocados, participamos, discutimos, pusimos nuestros criterios y nuestras condiciones. La primera, la legislación ambiental del país, pero de ahí en adelante pasamos a detalles mucho más concretos, como el tema forestal, la localización de las poblaciones, de los trabajadores. Sobre todo, estamos trabajando mucho con la Intendencia para asegurarnos de que hay una visión de conjunto sobre los distintos temas que implica el impacto de este emprendimiento.
Los impactos de la soja
– Siguiendo con la agricultura, en cuanto al cultivo de soja, hay un gran impacto no solo sobre el medio ambiente, sino también sobre la salud, de los productos químicos utilizados. Últimamente, en la Argentina hay una gran discusión porque se han dado a conocer estudios sobre el impacto del glifosato, que por primera vez se han hecho sobre embriones. Hasta el momento, aquí en el Uruguay, las estadísticas solo registran la importación del producto, no hay cifras sobre el uso de los agroquímicos. Si no hay datos, ¿cómo se puede saber después qué está pasando?
– Compartimos la preocupación. Si uno lee lo que plantea el Ministerio de Ganadería y Agricultura en este momento, ellos también son partícipes de la preocupación. Hemos analizado algunas situaciones particulares, como la cuenca del río Santa Lucía, la aparición de atracina(*) en el agua, los costos que le ha significado a OSE tratar el agua para asegurar la potabilidad, que han dado valores enormes. Hemos trabajado con el área de servicios agrícolas en analizar cómo evitar ese tipo de contaminaciones. Hay un esfuerzo grande del Ministerio de Ganadería para capacitar en el uso de agrotóxicos, pero hay vacíos, de eso no cabe duda. El desarrollo de la soja, las escalas que tiene, han superado las capacidades de control y los mecanismos de registro. Por ejemplo, con el caso del endosulfán(**), bioacumulable, en que hemos encontrado efectos importantes en poblaciones de animales, en la biota(***), que muchas veces están vinculados a procesos que no son recientes, sino que se vienen acumulando desde hace tiempo. Aquí se está discutiendo la posibilidad de prohibirlos, de prohibir la importación y eliminarlos, estudiando cuáles pueden ser las sustancias sustitutivas, pero ahí hay mucho por hacer.
La reacción del país es lenta
– Hay dos planos, el de investigación sobre los efectos de esos productos, y el de registro del uso que se está haciendo del mismo, porque si no se sabe lo que está ocurriendo…
– Parece claro que hay afectaciones evidentes, como la pérdida de las abejas, por ejemplo. Yo creo que este tema es un debe permanente, estamos haciendo esfuerzos por varios lados. Creo que hay mucho más conciencia en el Ministerio de Ganadería y Agricultura del problema. Pero, básicamente, es nuestra responsabilidad. Si bien entendemos que la gestión ambiental es una responsabilidad de todos, hay algunos que tenemos la responsabilidad específica. Estamos haciendo esfuerzos por que el proceso de desarrollo incorpore los valores ambientales, pero muchas veces se dan este tipo de desfasajes, que se han dado por la propia apertura del país a la inversión – en el caso de la soja, vino con paquetes desde la Argentina -, donde la reacción del país se ha tratado de adaptar, pero es lenta, no está dando las respuestas que se requieren.
Megaminería en el Uruguay
– Hay un tercer aspecto, más reciente, el de la minería de hierro. Usted ha dicho que no están preparados, que van a tener que contratar técnicos para hacer las evaluaciones.
– Lo primero que digo es que capacidad hay, estamos trabajando con minería de oro, que no deja de ser importante, cierta capacidad hay. Ahora, la dimensión de este emprendimiento trasciende la capacidad que tenemos. Lo segundo es que el país posee esa capacidad, que no esté en la Dinama no quiere decir que el país no la tenga. En la Universidad hay gente que maneja el tema, en otras instancias de investigación y servicios existen capacidades que habrá que incorporar para fortalecer la capacidad de la Dinama. Por otro lado, tenemos una política de capacitación del propio personal. Tenemos técnicos que han viajado a la Argentina, invitados por organismos vinculados a la minería, estamos haciendo esfuerzos para prepararnos de la mejor manera. Tenemos presupuesto como para contratar gente nueva y ya empezamos a trabajar.
– Así como lo mencionó en el caso de la celulosa, ¿la negociación y el memorando de entendimiento ya están definidos en el caso de Aratirí?
– También está en construcción, es un proceso similar. Es la primera vez que se está haciendo ese tipo de ejercicio en que el Poder Ejecutivo se reúne con técnicos de todas las instituciones involucradas, cada uno analiza la iniciativa y da sus puntos de vista, estableciendo bloques de condiciones. Se está haciendo en el caso de Aratirí, nosotros hemos planteado un sinnúmero de aclaraciones, que la empresa ha ido respondiendo de acuerdo a las solicitudes realizadas. En relación con nuestro ministerio, son temas sobre el uso del recurso hídrico, el destino de los efluentes, los impactos y los conflictos con las otras producciones existentes…
Conflictos, descoordinaciones
– Ya hay un conflicto social: más de cien productores de la zona presentaron demandas formales para detener o impedir la entrada de la minera en sus campos. Curiosamente, tanto la población como la empresa hablan de la ausencia del estado en la zona.
– Nosotros hemos recibido reclamos de los productores, hay muchos productores que han venido aquí. Hemos hecho aclaraciones sobre nuestro rol y nuestro papel. Tradicionalmente, la minería pequeña no requería autorización ambiental en la fase de prospección. Eso Dinamige (Dirección Nacional de Minería y Geología, Ministerio de Industria) lo tenía incorporado y la empresa no nos informó. En este caso, por el reglamento de la Evaluación de Impacto Ambiental, es necesaria la autorización ambiental y se lo dijimos a la empresa. No solicitó autorización y correspondía una sanción, pero de ahí en adelante la empresa regularizó la situación. Nosotros aclaramos que esta la única vía formal que tenemos para analizar el problema y tener una presencia en la zona, para tener un diálogo con los productores.
– En cuanto a la transversalidad del tema ambiental y las coordinaciones necesarias, la discusión del nuevo código minero evidenció problemas; la ministra Muslera declaró en el Parlamento que su área no había sido consultada al respecto.
– Eso se explica por la dinámica acelerada que generó el proceso del presupuesto, donde cada ministerio se ocupó de su área y no hubo una coordinación a nivel del ejecutivo sobre la ley. Queríamos dejar claro que no había existido esa coordinación y queríamos hacer constar que existe una legislación ambiental para que no se generen confusiones posteriores.
Relación con la academia
– Al comienzo de su gestión, usted planteó la necesidad de una relación nueva o más fuerte con la academia, por un lado, y con la sociedad civil, por el otro. ¿Qué se ha hecho en este sentido?
– Cuando surgió el problema de la mortandad de peces, que se le atribuían causas vinculadas al cambio climático, se vio que algunos casos estaban vinculados a los agrotóxicos. Tuvimos una reunión con la Facultad de Ciencias y acordamos hacer un estudio mucho más amplio sobre el impacto de los agrotóxicos en la biota y, en particular, en los ecosistemas acuáticos. Llegamos a un acuerdo de trabajo, pero no teníamos financiamiento en el anterior presupuesto. En el nuevo presupuesto sí, hay varias áreas que son acuerdos con la academia, que incluye a la Universidad de la República y otros centros de investigación.
– ¿En qué rubros se dan esos acuerdos?
– En biodiversidad, necesitamos una línea de base mucho más desarrollada sobre este aspecto. No hemos potenciando lo que significa el conocimiento de la pradera, el ecosistema natural que es el sustento básico de la propia economía del país. Aquí hay un debe muy grande en el que hay que avanzar y eso hay que hacerlo con la academia. En toda la cuestión de los recursos hídricos es muy importante seguir trabajando con la academia, sobre todo en la modelización de contaminantes en algunas cuencas críticas, como la del Santa Lucía y el río Uruguay. Además, estamos analizando la ampliación de la base de personal técnico, a través de acuerdos con la Universidad para que profesionales de las últimas etapas de formación se integren a trabajar en programas de la Dinama, pero dentro de responsabilidades con la Universidad.
Carencias con la sociedad
– Con respecto a las organizaciones sociales, ¿hay nuevas iniciativas?
– No hemos desarrollado bien esta parte por la propia estructura organizada de la Dinama y el Ministerio. Las múltiples y pesadas responsabilidades que debe atender una sola persona en la dirección nacional hacen que no tenga mucha capacidad de innovación, porque cualquier innovación requiere un tiempo adicional. Estamos tratando de resolverlo con un fortalecimiento interno donde, con una estructura piramidal, generemos una capacidad por debajo del director nacional que pueda asumir el gerenciamiento de los problemas que se manejan.
El director nacional es el que trasmite la política y por tanto es quien debe estar en la relación con la sociedad. Tratamos de dinamizar los instrumentos que existían, en la COTAMA (Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente). Por ejemplo, planteamos que se debía discutir en un ámbito amplio las posiciones a llevar a la Convención de Biodiversidad y a la Convención de Cambio Climático. Todo esto se aprobó, se hizo una convocatoria, pero no tuvo la riqueza que yo esperaba que tuviera, no hubo discusión. ¿Cuál es la conclusión? Lo primero que hay que hacer es autocriticarse, algo estuvo mal en el llamado, yo no creo que no haya interés. Por eso creo que nos queda mucho por hacer en este tema.
Notas:
(*) Herbicida agrícola, afecta la reproducción de los peces, según la investigación de una agencia federal estadounidense y otros estudios que revelaban sus efectos nefastos sobre los batracios.
(**) Pesticida usado para controlar insectos en cultivos comestibles y no-comestibles, también como preservativo para madera, que afecta al sistema nervioso central del ser humano.
(***) Conjunto de la fauna y la flora de una región.
